Por
Marcelo Alegre
Laura Echezarreta
La verdadera crisis de la Argentina no está en sus cuentas públicas, sino en la conciencia moral con la que enfrentamos las dificultades. El miércoles pasado, cientos de jubilados y jubiladas se acercaron al Congreso de la Nación. No fueron a pedir privilegios, sino a defender sus derechos básicos. Hay millones de personas mayores que trabajaron toda su vida y hoy no pueden cubrir un medicamento, pagar un alquiler o comer con regularidad. Ellos marcharon para recordarnos que detrás de cada cifra hay una persona.
Esta tragedia evidencia la distancia entre el pensamiento oficial y el liberalismo genuino, que siempre reconoció la necesidad de políticas de “paternalismo justificado”, en palabras de Carlos Nino, para garantizar por medio de un sistema jubilatorio la base material de la libertad a lo largo de toda la vida.
Más alarmante que el reclamo en la calle de los jubilados fue la respuesta que obtuvo. Afuera, vallas y violencia policial. Adentro, sillas vacías: El Congreso no logró siquiera abrir la sesión para debatir una mejora en sus ingresos. Había una propuesta (diputada Marcela Coli) para crear una Prestación Proporcional por Vejez, que elimina el requisito de 30 años de aportes para acceder a una jubilación, reconociendo los años aportados. Y otra que aumentaba el mísero bono de $70.000 a $100.000 y otorgaba un incremento del 7,2% para toda la escala de jubilaciones.
La sesión frustrada fue una decisión política. Porque la ausencia también es una toma de posición. La Comisión Episcopal de Pastoral Social, expresó con palabras firmes que “la situación de muchas personas mayores es dramática” y que “ninguna sociedad puede darse el lujo de descartar a sus mayores”. No es un llamado ideológico: es humano.
La política de desamparo ignora dos realidades. La primera, que muchos adultos mayores carecen de aportes, no por no haber trabajado sino por la enorme incidencia de la economía en negro y la evasión previsional de los empleadores. La segunda, que la disminución dramática de la proporción entre trabajadores activos y pasivos exige un abordaje más amplio que el actual. La política previsional es parte de la política social: es cobarde e inmoral condenar a la miseria a los más vulnerables.
El Presidente Milei nos dice con crudeza que “no hay plata”, como si esa frase resolviera todo. Pero el presupuesto de una Nación no es sólo un plan contable: es la expresión concreta de sus prioridades morales. Ajustar donde hay necesidad no es eficiencia: es injusticia. Gobernar no es administrar una empresa. Es guiar un destino colectivo. Y ningún destino común puede edificarse sobre el sufrimiento silencioso de los más débiles.
Los diputados que no dieron quorum representan a millones de ciudadanos. Si no pueden debatir sobre el haber mínimo de un jubilado, ¿cuáles son sus urgencias y prioridades? No naturalicemos la crueldad. No aceptemos que el desprecio al otro se vuelva parte de nuestra cultura. No miremos para otro lado mientras se desmantelan garantías mínimas de subsistencia.
El valor real de un país se mide por cómo trata a los más débiles. Quienes creemos en la política como herramienta de transformación, tenemos el deber de decirlo con claridad: no hay justicia posible sin un Estado que realmente se ocupe de esto. No hay futuro viable si dejamos atrás a nuestros adultos mayores. La historia nos mira y habrá de recordar si en las horas decisivas levantamos nuestra voz o si optamos por el silencio cómplice. Es tiempo de corregir el rumbo.
Publicada en Clarin. Link a la nota: https://www.clarin.com/opinion/jubilados-emergencia-moral_0_7E4Q975vIv.html?srsltid=AfmBOoob7t9FK6ZuI3cc-_B76UEX_myJPMjhu6fIoLk8nXtF1yZ-hIyx
