El debate sobre la inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional quedó atrapado en una contradicción evidente: mientras el gobierno porteño, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, insisten en que la solución pasa por endurecer penas, bajar la edad de imputabilidad a los menores y aumentar la cantidad de presos, la realidad demuestra que no tienen un plan claro sobre qué hacer con ellos.
La Ciudad no cuenta con un sistema penitenciario propio y depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que atraviesa una crisis de sobrepoblación y falta de recursos. Aun así, desde el gobierno porteño y el nacional se impulsa un discurso basado en el encarcelamiento masivo, la ley reiterancia es un ejemplo, como respuesta inmediata a la inseguridad, sin considerar que no existen las condiciones materiales para sostenerlo.
El conflicto quedó expuesto en el reciente cruce entre la administración de Jorge Macri y el gobierno nacional, cuando el Ministerio Waldo Wolff se mostró impotente y exigió el traslado de 2500 detenidos/presos alojados en comisarías porteñas a cárceles federales. Esto llegó al punto extremo de terminar con la salida del gobierno del propio Wolff, pocos días después de presentarse ante la Legislatura porteña para explicar la fuga constante de presos de las comisarias porteñas.
La situación es que las unidades penitenciarias ya operan por encima de su capacidad, lo que genera una disputa política en lugar de una solución efectiva. En las comisarías, según describió Wolff hay hasta 30 presos encerrados en una celda de 6X3, totalmente hacinados y a un paso de la puerta de calle. Las comisarías no son lugares para presos, dijo.
En medio de esta pelea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que busca mostrarse al margen del debate, o al menos no impulsa una política de mano dura, también atraviesa serios problemas de inseguridad en su territorio, y las comisarías bonaerenses en enero de 2025, tenían una población detenida con un aumento de un 13% con respecto al mes anterior y un 4% con respecto al mismo mes de 2024. y también esos presos estan en condiciones infrahumanas. Por esto y por el crimen de Kim Gomez quedó involucrado en el conflicto que ahora entonces es entre provincia, ciudad de Buenos Aires y Nación. Pero aunque la situación es de suma gravedad en la provincia, Kiciloff queda metido en conflicto más porque no adopta el discurso de mano dura que sí sostienen Milei, Bullrich y Macri, que por ineficiencia.
Este escenario revela un problema estructural que no se resuelve con discursos duros o blandos ni medidas simplistas. La inseguridad requiere estrategias integrales que incluyan prevención, fortalecimiento del Poder Judicial y políticas penitenciarias serias. De lo contrario, el reclamo de “más presos” solo generará más hacinamiento y mayores dificultades para gestionar el sistema carcelario.
El desafío es claro: si se promueve el encarcelamiento como principal herramienta contra el delito, debe existir un plan para garantizar condiciones dignas de detención y mecanismos efectivos de reinserción. De lo contrario, la política de seguridad seguirá siendo solo un eslogan de campaña sin impacto real en la vida de la ciudadanía
Foto: Grito del Sur
