La Democracia no solo es la alternancia pacifica de los gobiernos, representa el diálogo abierto y la convivencia en una sociedad procesando el disenso. Es responsabilidad del Estado en ese marco garantizar los derechos, promover y proteger el uso y goce de los derechos humanos.
Se consolida una narrativa desde el gobierno, con complicidad de políticos, empresarios y medios que deslegitiman al Estado como instrumento de desarrollo e igualdad social. La máxima conducción del Estado busca el vaciamiento y desmantelamiento de organismos y entidades públicas, esenciales, para el desarrollo, la integración territorial y la cohesión social. Apostar a su transformación y mejoras, desterrando corruptelas e ineficiencias y problemas estructurales, es el desafío en la construcción de un Estado Democrático. No su destrucción. No a la expulsión del capital humano, formado con el esfuerzo de todos los argentinos durante varias generaciones, buscando beneficiar a sectores privados responsables de la concentración y el atraso, a multinacionales o a potencias extranjeras.
Sin Estado no hay derechos. Vivimos en sociedades donde hay una dependencia fundamental de las libertades respecto de la contribución colectiva administrada por funcionarios públicos. Sabemos que cada derecho tiene un costo y que lo paga la sociedad con sus impuestos. Plantear una supuesta “modernización” para dinamitar años de esfuerzos, de conocimientos, de recursos invertidos para destruir y/o privatizar lo que funciona es criminal y cruel. El actual derrumbe de más de 200 años de construcción institucional de Argentina, lo demuelen en 2 años con el DNU/70 y la Ley Bases que otorgan poderes delegados al presidente de la Nación para consumar el latrocinio
Cada día es más dramática la situación del Garrahan. A los bajos salarios y precarización laboral de médicos y residentes, de todo el personal de salud se le suma una política de amedrentamiento y amenazas. La falta de recursos e inversiones pone en peligro a todo el sistema de salud pública. Mientras, en el hospital Posadas cesantean médicos con años de trabajo. Equipos que no funcionan en los hospitales y no se arreglan por falta de presupuesto, guardias que no dan abasto, médicos y enfermeros que se sienten maltratos y menospreciados en el ejercicio de su profesión y vocación. La propuesta de sustituir pasantías por becas no solo implica la pérdida de derechos sino pone en riesgo la atención en todas las guardias hospitalarias. Sumemos el desmantelamiento de programas de gobierno vinculados a la salud. La interrupción del plan ENIA del embarazo no intencional en la adolescencia y el achicamiento del Programa de Educación de Salud Sexual y Reproductiva como el desfinanciamiento y utilización del PAMI como “caja política”. En los últimos días el gobierno quitó los subsidios a la Fundación de Hemofilia, con 80 años de trayectoria, poniendo en riesgo la atención de 4.800 pacientes y anunció la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer y el de Enfermedades Cardiovasculares.
La reestructuración del INTA e INTI apunta a bloquear, desmantelar y terminar con la investigación científica aplicada al agro y a los sectores productivos. Mediante un sistema de retiros voluntarios y reducciones salariales, venta de activos y recortes presupuestarios destruyendo el apoyo tecnológico y asistencia a las economías regionales y a las pymes. El desfinanciamiento del CONICET es sustancial a la propuesta de reforma de las usinas de la LLA que propone eliminar la carrera de investigador, migrar proyectos al sector privado y excluir las ciencias sociales del organismo. No se busca una reforma, necesaria para los desafíos del siglo XXI, sino su destrucción y/o privatización. Mejorar la competitividad argentina requiere de I+D, construyendo instituciones vinculadas a los sectores productivos. Es responsabilidad del Estado promover una sinergia positiva entre el laboratorio, la universidad, la fábrica y el campo y la comunidad.
Mientras la anunciada postergación del SG1, sería el tercer satélite del ARSAT, es renunciar a un desarrollo estratégico donde Argentina lideraba. Contando este proyecto satelital 34 veces la capacidad de ARSAT-1. Sumado al intento de privatización del ARSAT, donde nuestro país invirtió importantes recursos humanos y económicos en una política de largo plazo, debilitando la soberanía tecnológica y las prioridades de la conectividad digital argentina en el futuro. En lugar de consolidar una industria satelital el gobierno busca consolidar la dependencia en transnacionales, fondos buitres y potencias extranjeras. En esta dirección camina el proyecto de incorporar capitales extranjeros en el INVAP, reconocida empresa en el mundo por el desarrollo de proyectos nucleares, aeorespaciales, de defensa, seguridad, ambiente y sistemas médicos.
Asimismo, la decisión de avanzar en el cierre de los Institutos históricos – Decreto 345/25- implica desconocer nuestras luchas democráticas y populares pretendiendo cancelar nuestra memoria histórica. Es un ataque a nuestra cultura en un gobierno que apela al simplismo, al odio y al enfrentamiento social. Dicho decreto apunta también a desmembrar y anular la autonomía y el funcionamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), organismo creado por Domingo F. Sarmiento en 1870.
La lógica del ajuste por el ajuste mismo no distingue entre gasto e inversión: lo destruye todo por igual. Asfixia el presente e hipoteca el futuro. No hay mejora de la competitividad sin inversión en infraestructura, aumenta la siniestralidad sí no invertimos en transporte. Afirmando la Iglesia en su reciente declaración, en el plano social: “Sí el Estado se corre, entra el narcotráfico” Propone Milei un Estado mínimo transformado en un Estado gendarme como guardián de las minorías del privilegio. Repensar el Estado Democrático exige una transformación que produzca una reforma tributaria, financiera, laboral, previsional y educativa entre otras. Esa es la alternativa de futuro que requiere diálogo y deliberación democrática y republicana en búsqueda de los máximos comunes denominadores de las fuerzas políticas.
En términos de principios y valores la Argentina de Milei exacerba una libertad individualista y egoísta, que carece de virtud cívica, usando y abusando de la libertad de los otros. Niega las razones e ideas de sus adversarios y termina negando sus derechos. Una sociedad que potencia a los consumidores en detrimento de los ciudadanos; la desconfianza en las instituciones cabalga sobre la desigualdad social. Rechaza la misión igualadora y orientadora del Estado en la construcción de una sociedad abierta, participativa, desarrollada y moderna. Responsabilidad, esencial, del Estado es proteger y potenciar la dignidad humana. El Estado cooptado por los intereses del privilegio fragmenta y empobrece a la sociedad. Naturaliza la injusticia, la crueldad, la resignación produce culpa e indiferencia. Avanza Milei contra las dimensiones sociales de la democracia y contra las dimensiones liberales y democráticas de la república. Tensiona los ejes fundantes de la democracia desde el Nunca Más, y empuja sus fronteras en un proceso de radicalización que lo coloca cuestionando y enfrentando el pacto democrático consolidado desde el Estado en 1983.
Hipólito Yrigoyen (1916-1922, 1928-1930) demostró que el Estado podía ser un agente democratizador. Su presidencia estableció el principio que los recursos naturales debían beneficiar al pueblo argentino, sentando las bases de YPF. Marcelo T. de Alvear (1922-1928) designó a Enrique Mosconi como director de YPF definiendo un rumbo estratégico. Arturo Illia (1963-1966) nos legó la experiencia de regular la industria farmacéutica para garantizar medicamentos accesibles, y desarrolló políticas científicas que posicionaron al país como referente regional. Raúl Alfonsín (1983-1989) reconstruyó las instituciones democráticas después de la dictadura y sentó las bases del Estado de Derecho que conocemos. Su gobierno impulsó la normalización y el fortalecimiento del CONICET, de la universidad pública y estableció políticas de derechos humanos que son referencia a nivel mundial.
Destruir lo construido durante décadas tiene un costo enorme: pérdida de capital humano, deterioro de servicios esenciales, dependencia tecnológica, debilitamiento de la soberanía nacional. Cada médico que emigra, cada científico que abandona el país, cada programa desfinanciado representa años de inversión social perdida. En cambio transformar inteligentemente el Estado genera beneficios multiplicadores, mejor educación y salud aumentan la productividad; investigación aplicada mejora la competitividad; infraestructura moderna atrae inversiones; instituciones sólidas dan previsibilidad.
Frente al falso dilema de “Estado presente” o “Estado ausente”, proponemos construir un Estado inteligente que combine eficiencia, transparencia y capacidad transformadora.
Club de la Igualdad – UCR
