El gobierno de Mauricio Macri deberá responder al informe de la oficina del Alto Comisiando de Naciones Unidas que señala la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
El documento fue presentado por Diego García-Sayán, relator especial y enumera una serie de acciones que habrían impedido la libertad e independencia en el ejercicio de la justicia argentina.
Los hechos concretos que se mencionan se refieren a manipulación en el Consejo de la Magistratura para la designación de jueces. Expresamente señala: “el poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses. Se habría también utilizado la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados magistrados. Para este fin, presuntamente la Comisión paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno; y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales como la competencia material y la jurisdicción territorial. De esta forma, estos magistrados son colocados en puestos clave sin cumplir los trámites establecidos, posibilitando, presuntamente, el control por parte del gobierno”
En otro de los puntos del documento se refiere a la Corte Suprema:
El 14 de diciembre de 2015, el poder ejecutivo resolvió por Decreto n° 83/2015 la designación de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daneil Rosatti en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina.
Dichos nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación (entre otros por lo dispuesto por el Decreto 222/2003), tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación.
El informe también se refiere a la ex Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, “la actual administración y otros actores solicitaron repetidas veces su renuncia e intentaron su destitución utilizando diversas estrategias para lograr su objetivo: presiones para que la Procuradora dejara el cargo; amenaza de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal; Declaraciones sobre la intención de llevar a cabo reformas institucionales por Decreto de necesidad y urgencia; intentos de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Publico Fiscal; e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional.
Asimismo cuestiona la designación “ilegal” del Juez Culotta en la Competencia Electoral de la Provincia de Buenos Aires así como la designación del Dr Carlos Mahiques. en la Cámara Federal de Casación Penal – Y del Juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En otro párrafo, el informe relata un ataque a los jueces y abogados del Fuero Laboral y sobre el final pone foco en la manipulación de Fiscales en la causa “Correo Argentino S.A. S/ Concurso Preventivo”
Según la alegación recibida, en 1997 el Grupo Macri adquirió la concesión de la empresa “Correo Argentino S.A.” a través del Grupo SOCMA donde el Presidente Macri ostentaba el cargo de gerente general. En el año 2001 la empresa entró en concurso de acreedores y en 2003 el Estado rescindió el contrato de concesión. La deuda del Grupo con el Estado en concepto de canon ascendía a casi 300 millones de pesos, que conforme la ley de convertibilidad, vigente a la fecha, equivalía a US$300 millones.
En el año 2016, se logró en el marco de una causa judicial en el Juzgado Nacional de lo Comercial Nº 9 de la Capital Federal, un acuerdo de pago entre el Estado Nacional y el Grupo. El grupo económico ofertó y el Estado aceptó en pagar 300 millones de pesos -no dólares estadounidenses-, lo que no tenía en cuenta la devaluación de la moneda argentina, ni los intereses por mora; además el pago se aplazaba en cuotas hasta el año 2033. Para homologar el acuerdo era necesario la aprobación del Ministerio Público Fiscal. La fiscal, la Dra. Gabriela Boquín, consideró “abusiva” la oferta del grupo empresarial. Se opuso a su homologación, y generó la caída del acuerdo, que entendía era perjudicial para el Estado argentino. El dictamen fiscal de Cámara establecía que se debía actualizar el monto de la deuda, lo que la incrementaba a una cifra cercana a los $4.700 millones de dólares estadounidenses.
En abril del 2018, el Fiscal Dr. Zoni -quien se encontraba investigando los libros contables de las sociedades del Grupo para determinar si se desviaron fondos de Correo Argentino S.A. a otras compañías del holding del Grupo durante el concurso de acreedores- fue desplazado de su cargo a otro de menor importancia por el Procurador interino, Eduardo Casal, presuntamente bajo el argumento de haber sido designado en la Fiscalía en forma “transitoria”. Según la información recibida, dicho traslado fue consecuencia de su obrar independiente, y del procesamiento del Presidente Macri. El fiscal designado para sustituir al fiscal Zoni interinamente, fue el Dr. Gerardo Pollicita, quien habría trabajado para el Presidente Macri, cuando éste ostentaba el cargo de
Presidente del Club Boca Juniors.
El último punto se refiere al ataque al Juez Federal de Dolores Dr. Alejo Ramos Padilla por la causa D´alessio, en la que se investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión, con posibles conexiones con funcionarios públicos – fiscales, jueces federales y provinciales, y funcionarios del poder ejecutivo- y periodistas.
Según la información que se manifiesta en el documento, la investigación llevada a cabo por el Juzgado Federal de Dolores generó una fuerte reacción negativa del Gobierno Nacional, que habría buscado desacreditar al magistrado y restarle apoyo institucional.
El Presidente Macri declaró en un programa de televisión que Ramos Padilla “no es un juez que actúe con ecuanimidad”, que “no es la primera vez, Ramos Padilla ya ha hecho varias así”, y que esperaba “que el Consejo [de la Magistratura] evalúe con todas las pruebas si hay que destituirlo”.
El 23 de abril, la Cámara Federal de Mar del Plata confirmó al Juez Ramos Padilla en esta causa sobre presunto espionaje ilegal y extorsión y rechazó una recusación del fiscal federal Carlos Stornelli, imputado en el caso. Según la Cámara, el Poder Ejecutivo habría denunciado al juez sin argumentos serios para pedir su destitución. Los jueces de la Cámara Federal sostuvieron que “(…) en el caso de autos la comparecencia del Dr. Ramos Padilla ante una entidad oficial como la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación, el aporte en ese ámbito público de datos del expediente que en su mayoría ya eran de conocimiento periodístico y las precisiones que fijara al respecto, sumado a la calidad de funcionario público de uno de los involucrados en las conductas investigadas (…) no alcanzan a evidenciar una actitud de parcialidad procesal en perjuicio del recusante que autoricen su apartamiento”.
La solicitud de juicio político contra el Juez Ramos Padilla habría supuesto un intento de influir y obstaculizar una causa judicial de relevancia, dado que no habría ningún argumento para justificar un “mal desempeño”, “negligencia grave”, “manifiesta arbitrariedad” o “incumplimientos reiterados de la Constitución” que diera lugar a la destitución, tal y como lo requiere la legislación argentina.
Conclusión:
El informe es muy duro: habla de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión ydestitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones.
