La Asociación Civil por la Igualdad, Cipce, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano y los especialistas Natalia Volosin, Manuel Garrido, Ricardo Gil Lavedra y Roberto Carlés elaboraron un documento con propuestas de políticas públicas que Argentina debería implementar para asegurar las capacidades estatales en materia de prevención, detección y sanción de la Corrupción
Señalan que “La corrupción impacta negativamente en el conjunto de nuestra sociedad, pero afecta particularmente a los grupos y comunidades más desfavorecidos. Las fallas institucionales que permiten que este fenómeno ocurra profundizan las desigualdades existentes en nuestro país, y alejan aún más a los sectores de poder de aquellas/os que ven vulnerados sus derechos”
El documento también señala que la corrupción afecta gravemente la calidad de nuestra democracia. Se trata de un práctica en la que convergen actores estatales y del sector privado, que produce alteraciones en el proceso de toma de decisiones públicas que afectan al interés general.
Así, la corrupción socava la independencia de -y, por tanto, la confianza en- nuestras instituciones públicas y repercute sobre la participación de la ciudadanía en los asuntos comunes.
La corrupción tiene un efecto directo sobre la plena vigencia de los derechos civiles y políticos, así como respecto de los derechos económicos, sociales y culturales. Reduce la cantidad, calidad y alcance de los recursos, bienes y servicios públicos.
Proponen una nueva Ley de ética pública que reemplace la Oficina Anticorrupción por un organismo autónomo y que funcione en cada poder del Estado. La regulación del Conflicto de intereses y ampliar la información de las declaraciones juradas de los funcionarios.
También instaurar la carrera administrativa para que los funcionarios que trabajan en estado accedan a la estabilidad y el crecimiento a través de concursos.
Respecto a la sanción de la corrupción proponen reformas procesales, Sancionar un Régimen de Extinción de Dominio, Reformar el programa de protección de testigos, entre otros.
Y más propuestas que aborda el problema de la corrupción y la búsqueda de transparencia en las instituciones.
Justamente sobre instituciones y democracia, en diferentes libros e intervenciones públicas habla el cientista político italiano Gianfranco Pasquino que estuvo hace poco en nuestro país participando unas jornadas por los 110 años del nacimiento del filósofo Norberto Bobbio, realizadas en la Facultad de Derecho de la UBA.
Pero a lo largo de los años Pasquino que es un referente global de la ciencia política viene analizando las democracias. El dice que siempre hay malestar y es justificado, porque el sistema promete más de lo que puede cumplir. No obstante no hay crisis de la democracia sino de funcionamiento dentro de ellas. Aunque no todas, Suecia, Noruega han podido funcionar bastante bien.
Para el politólogo en todas las democracias se puede funcionar mejor si los ciudadanos participan y se informan. No hay democracia si el pueblo no tiene poder. Hoy hay muchos ciudadanos que piensan que se puede resolver actuando de modo individual. Sin producir cambios para toda la sociedad. Creo que la democracia es diálogo entre personas. Cambiar las instituciones se puede. Pero deben producir cambios positivos para el pueblo.
En línea con el pensamiento de Pasquino, la iniciativa de estas organizaciones y especialistas impulsando reformas de transparencia y lucha contra la corrupción tienden a mejorar el sistema.
¿Pero hoy la ciudadanía le da importancia a la lucha contra la corrupción? Es realmente un valor en nuestra sociedad?
Hay un reclamo generalizado de mejorar la Justicia, no obstante seguimos viendo como los jueces fallan mirando muchas veces las encuestas electorales.
La amistad entre poderes no contribuye a un sistema democrático igualitario y justo.
Estas iniciativas al menos abren camino a que podamos pensar y debatir que el sistema se puede mejorar. Pero es posible que falte mayor compromiso real de las personas que luego tienen a su cargo implementarlo a su vez de la sociedad que deberia exacerbar la intolerancia hacia la corrupción.