Por Adrián Gindin
Profesor por concurso de Bioética de la Universidad de Buenos AIres y la Universidad Nacional de San Isidro. Médico Especialista en Pediatría y en Cuidados Paliativos. Actor
El conflicto que se ha desatado en el Hospital Bonaparte parece que tiene dos planos de discusión.
Uno superficial, en el que pareciera que lo que se discute es si los alrededor de 200 profesionales que han sido separados de sus cargos cumplían o no con sus tareas y por lo tanto deben ser separados de sus cargos.
En este plano el gobierno nacional actúa con la presunción corrupción de origen. Presupone que como el nombramiento de dichos profesionales se produjo en la administración “AM” (Antes de Milei), dichos nombrados son parásitos del estado que no merecen ocupar dichos cargos. Todo esto con el “argumento” posfacto de que lo demostrarán mediante una auditoría que realizarán en la intervención. Nadie discute el legítimo derecho del Ministerio a intervenir el nosocomio (perdón por la antigüedad del término) ni mucho menos de auditar las tareas.
Sin embargo sería interesante prestar atención a algunos conceptos:
El hospital Bonaparte tiene la particularidad por su origen (el viejo Ce.Na.Re.So.) y conformación (desde su comienzo planteaba un rumbo de accionar multi y transdisciplinaria) de centrar su accionar en pacientes con consumo problemático de sustancias. Nótese la manera que uso para referirme a los pacientes. La manera que llamamos a las cosas no es inocente, no es lo mismo “pacientes con consumo problemático de sustancias” que “adictos” que “drogones”.
Los pacientes del Bonaparte entonces, tienen una problemática que se puede contemplar mejor con el modelo de vulnerabilidad por capas de la Profesora Florencia Luna
La forma en la que las capas de vulnerabilidad afectan a los pacientes hace que el abordaje ético de estos pacientes requiere tiempo, acciones y colaboración entre profesionales e instituciones que modifican la simple mirada de “cuantos pacientes por mes atiende cada profesional”
Por ejemplo: buscar redes de contención familiar en una Marcela una joven que consume cocaína, vive en caballito con ambos padres y 2 hermano mayores y acaba de terminar el secundario en el Nacional Buenos Aires no es lo mismo que buscar contención familiar para Felipe de 15, que vive en la calle desde los 13 abajo de la autopista con su primo de 19, que dejó la secundaria en primer año, al que lo trae la policía porque lo denunció el vecino porque estaba meando las plantas de su casa pasado de “paco”.
Tratar de lograr la mejor atención para ambos en el contexto que las herramientas de auxilio dependientes del estado están comprometidas globalmente por las restricciones presupuestarias que se han tomado para que baje la inflación agrega al problema más capas de vulnerabilidad
Contar que “sobran” profesionales cuando no se definen las necesidades con los mismos parámetros ni operan en la mirada de la cuestión las mismas valoraciones éticas es, al menos, zonzo.
Pero eso es una mirada superficial como hemos dicho al principio. Hay un problema de valoración moral, que por vergüenza no se expone. Y es que para un gobierno que se plantea “liberalista” el entendimiento del principio de utilidad se aleja de los valores humanistas de Sturt Mil y Hume
Desde la mirada de Murray y Rocwell y la praxeologia a la que adscribe el gobierno, la persona con consumo problemático de sustancias está simplemente actuando en ejercicio de su libertad y debe (le corresponde) asumir la consecuencia de sus actos. Si estos le son más perjudiciales que satisfactorios debería dejar de hacerlo por propia voluntad. El corolario de este modelo argumental es simple: “si elegiste drogarte es tu libertad, pero no vamos a hacernos cargo de las consecuencias que vos buscas”.
Por lo tanto no hay que tener dispositivos solventados por el estado que atienden a los drogadictos pobres, porque atenderlos es “caro” (cuanto más pobre, más caro es atenderlo) y porque se le debe “respeto al proyecto de vida personal” (Por favor borre su sonrisa de la cara al decirlo Adorni)
El pensamiento reformista propio de los estudiantes de 1918 y el ideario de la U.C.R. nos convoca desde la historia a ser la causa de los desposeídos, fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, “amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia. No podemos dejar librada nuestra suerte a la tiranía de una secta …, no al juego de intereses egoístas”. La causa contra el régimen falaz y descreído.”La democracia trabaja para el futuro, pero para un futuro tangible. Si se trabaja para un futuro tangible se establece una correlación positiva entre el fin y los medios. La justificación de los medios por el fin constituye la apuesta demencial de muchos déspotas e implica el abandono de la ética política”
Buenos Aires caluroso febrero de 2025