Una política virtuosa de comunicaciones debería fijarse dos objetivos muy simples. Cubrir todo el territorio nacional con 4G para celulares y llegar a la mayor cantidad posible de hogares con fibra óptica.
Por Gonzalo Berra, economista y pionero en el sector de telecomunicaciones y acceso a Internet por Banda Ancha Satelital
Garantizar la oferta de un bien o un servicio público muchas veces requiere inversiones que en la práctica tienen un repago muy largo en el tiempo, tan largo que hasta quizás quienes invierten no están vivos al momento en que ese repago se produce. Incluso pueden no tener nunca un repago.
Sin embargo, los beneficios sociales de esas inversiones exceden por mucho la rentabilidad del proyecto de inversión en particular. Las redes de agua corriente, cloacas y desagües que se hicieron en Buenos Aires luego de la fiebre amarilla, redundaron en una menor cantidad de enfermedades, en una mayor productividad de las personas, en un aumento de la población, en una mayor esperanza de vida.
¿En cuántos años se repagó aquella inversión millonaria? ¿Importa?.
La pandemia Covid 19 ha puesto fuera de toda discusión que el acceso a las comunicaciones, a Internet, constituye una necesidad imperiosa para la sociedad.
Dos ejemplos: los estudiantes que tienen conexión a la red, acceden a la educación disponible. Los que no, quedan afuera y pierden toda posibilidad.
Por otra parte, una persona que tiene 300 megas de fibra en su casa es mucho mas “empleable” que otra que tiene un Adsl de 20 megas. La educación y el trabajo, el futuro y el presente de nuestro país, dependen de Internet. Lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero nunca fue tan evidente como hoy.
Una política virtuosa de comunicaciones debería fijarse dos objetivos muy simples. Cubrir todo el territorio nacional con 4G para celulares, llegar a la mayor cantidad posible de hogares con fibra óptica.
Podríamos agregar un tercer objetivo, cubrir los agujeros que queden sin fibra con satélites HTS y darle back up (redundancia) a todo el sistema con satélites también. De esa manera la oferta de comunicaciones sería igual para todos los ciudadanos de nuestro país. Mientras hacemos esto podríamos pensar en la demanda, es decir, saber si todos los consumidores disponen del dinero para pagar por el servicio.
¿Existe una oferta de internet homogénea en todo el territorio nacional, en precio y calidad?
La respuesta es NO. No se trata del precio, la dispersión de precios no es tan grande. Se trata de la calidad, de velocidades disímiles, de tecnologías muy distintas. ¿Dentro de esta diferencia, se trata de interior vs centros urbanos? No necesariamente o no solamente. ARSAT -una inversión pública millonaria con la lógica de los servicios de alcantarillado público de fines del siglo XIX- igualó, tanto con su fibra como con sus satélites el interior con los centros urbanos y aunque aún resta bastante trabajo por hacer va por buen camino.
La oferta de Internet de fibra al consumidor, la única que debe importar al Estado hoy, es escasa. Son manchas aisladas dentro del territorio y dentro de las ciudades. Desorganizadas y caóticas. A diferencia de aquellos paises que administran recursos escasos con prudencia, como Uruguay o algunos países nórdicos, Argentina ha incentivado desde la desregulación de los 90 la competencia por infraestructura. Llegar con fibra a un edificio en Caballito ubicado en una manzana con muchos edificios similares cuesta lo mismo que llegar a una casa en las Lomas de San Isidro situada en una manzana de 8 casas. Sin embargo, en Caballito serán miles de clientes y facturas por manzana, y en San Isidro sólo 8.
Conclusión: en Caballito alguien de clase media, media alta o media baja, tiene mayor chance de acceder a 300 mg de fibra que alguien rico de San Isidro quien probablemente nunca podrá salir de un ADSL. Los lugares con mayor concentración de habitantes -edificios de muchas unidades, barrios con muchos de esos edificios- repagan más rápido la inversión en una fibra que un barrio con cuatro casas en una manzana o una zona de quintas y aunque parezca inverosímil, hay mas chances de enunciar un proyecto económico viable de fibra en un barrio popular que en un country.
El edificio de Caballito hoy está cableado por varias fibras cada una de una empresa distinta mientras que la casa de San Isidro quizás tenga solo el cobre del teléfono de Entel sobre el que todavía se monta un vetusto ADSL. No hay una lógica de injusticia económica en el acceso a la fibra. Hay un tremendo desorden. Para que quede claro, tener fibras de cuatro empresas distintas en un edificio de Caballito equivale a que las empresas de ómnibus de transporte de pasajeros compitan pavimentando una ruta cada una (la fibra) en lugar de poner énfasis en la comodidad de los asientos de los ómnibus, los servicios a bordo, la seguridad y la puntualidad. A eso es lo que se llama competencia por infraestructura. Un subproducto de la competencia de infraestructura son los miles de cables que cuelgan en los postes cruzando las calles.
¿Qué hizo Uruguay, el caso emblemático de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo? Una sola empresa, estatal, bien administrada, un solo cable de fibra en cada hogar. Mas del 80% de los hogares del país fibrados.
¿Qué hacen los países nórdicos? Sólo una empresa se dedica a las autopistas en una zona, no duplica infraestructura. Esa empresa no le vende a los clientes finales, les vende a todos los proveedores de internet por igual, sin discriminación.
¿Cómo podría hacerse distinto en Argentina?
Coordinando, cooperando entre privados, imponiendo desde el regulador premios para conectar lugares no rentables y estableciendo castigos para la superposición de la inversión. Para eso se pensó el Servicio Universal que sigue siendo el instrumento para llegar lo mas lejos posible con la fibra. Y también con cobertura de celular 4G.
Es fácil hacerlo, solo hay que coordinar esfuerzos y tener claro el objetivo de una inversión en infraestructura modular de distintos tamaños y capacidades según la zona que debe estar abierta a todo el sector privado y no solo a las Celcos. Sin embargo en el caso de los celulares, la discriminación económica de los consumidores es evidente.
Los más pobres utilizan tarjetas preparas, los mas ricos abonos mensuales. El minuto y los datos prepagos siempre han sido mucho mas caros que los del abono. Quienes menos tienen pagan mas que lo ricos. Hasta aquí la situación de las comunicaciones en la Argentina.
¿Para hacer lo qué hay que hacer había que armar el DNU declarando estos servicios “Servicios Públicos en Competencia”?.
No, hay muchas formas de garantizar una oferta homogénea y entender cuál es la demanda que debe ser subsidiada sin el decreto.
¿Existen senderos de progreso luego del DNU? Si, los hay y son muchos, incluso algunos son los mismos que antes. El decreto 690/20 por ahora significa una declaración de principios, razonables, y no mucho más.
