El miércoles 3 de julio, se presentó en el Colegio Público de la Abogacía de CABA el libro “Crónica de una Desmesura Penal (2003-2023)” con un distinguido panel de expertos conformado por el Dr. Ricardo Gil Lavedra, Dr. Emilio García Méndez, Dr. Nicolás Báez, Dra. Pilar García Blanco y Dr. Luis Duacastella. Este libro es una iniciativa de la Fundación Sur Argentina, presidida por Laura Musa, quien destacó: “La creamos hace 20 años para la defensa jurídica de los derechos humanos de las personas menores de edad. Esperamos que este libro sea un aporte para debatir un sistema de responsabilidad penal juvenil democrático y derogar de una vez la ley de Videla que, sin modificación, rige aún hoy”.
La presentación comenzó con las reflexiones del Dr. Gil Lavedra, quien afirmó: “Si bien ya no hay condenas perpetuas a menores (como si las hubo hasta hace 20 años), siguen existiendo penas elevadísimas. Hemos recuperado la democracia, pero aún no se ha sancionado un régimen penal juvenil. Seguimos con el régimen de la dictadura. El vigente, es un régimen arbitrario y para nada benigno, aunque es visto y percibido al revés. Los chicos no son adultos. Pueden tener responsabilidad penal, pero diferenciada de la de los adultos”.
“El vigente, es un régimen arbitrario y para nada benigno, aunque es visto y percibido al revés”
El Dr. Emilio García Méndez, autor del primer capítulo del libro, señaló que en Argentina rige hoy plenamente lo peor de las políticas criminales para los menores de edad. “Pioneros y cuna del menorismo tutelarista latinoamericano, somos el país más atrasado y el más brutal en relación con los menores de edad en conflicto con la ley penal. Y por esta razón somos quienes más condenas hemos recibido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las propuestas de baja de edad de la imputabilidad constituyen una desmesura dentro de la desmesura que por ejemplo se expresa en las sentencias de la provincia de Buenos Aires con penas crueles, inhumanas y degradantes. Toda la dirigencia política argentina sabe muy bien que el régimen penal de la minoría vigente es un decreto de la dictadura que dispone la imputabilidad plena a partir de los 16 años, así como la posibilidad de privar de libertad discrecionalmente y sin ningún debido proceso a los menores de edad. Los menores carecen de las garantías más elementales del debido proceso”.
“Esperamos que este libro sea un aporte para debatir un sistema de responsabilidad penal juvenil democrático y derogar de una vez la ley de Videla que, sin modificación, rige aún hoy”.
García Méndez respecto a las propuestas actuales del gobierno nacional que buscan bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, tratándolos como adultos y aplicándoles penas de hasta 20 años de cárcel expresó: “buscan cambiarle a la gente la sensación de seguridad por votos. Al final, siempre es tarde cuando la espuma baja y de la exaltación se pasa a la depresión, y los inescrupulosos se quedan con los votos mientras la gente pierde esa sensación de seguridad que rápidamente se escapa como arena entre los dedos”.
En este contexto, pocos advierten que en Brasil la privación de libertad para menores de 18 años tiene un máximo de 3 años, mientras que en Uruguay es de 10 años. Tras la lectura del libro y el acto de su presentación, nos quedamos reflexionando. La solución suele ponerse en la cantidad de años de encarcelamiento, pero aunque impopular y menos efectista, tal vez la respuesta no esté en la prisión perpetua ni penas de 20 años para menores. La verdadera solución podría consistir en implementar acciones del sistema que realmente posibiliten que junto a establecer la responsabilidad penal, el estado logre garantizar la real y efectiva reinserción social.
El libro, además de proporcionar información y análisis valioso sobre antecedentes, fundamentos, fallos y legislación comparativa, es una denuncia contra la hipocresía con la que se maneja este tema y reclama por la falta creciente de legitimidad del sistema de administración de justicia para los menores de edad.
